COMUNIDAD | Nota de opinión

Entre la ley y las aulas: avances y resistencia en 20 años de ESI

Por Gladys Alvez *

En una mirada retrospectiva y a veinte años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, celebramos su incorporación a la agenda pública como una política de ampliación de derechos, promovida en un contexto de impulso a la protección integral, la inclusión social y la consolidación democrática que se generó fundamentalmente en el período 2005- 2015. Entre avances y retrocesos, su recorrido ha permitido, en diversos espacios educativos y comunitarios promover la autonomía, el cuidado del cuerpo y los vínculos respetuosos entre las personas. Un aspecto fundamental que promovió esta ley es el reconocimiento de la sexualidad como un derecho humano integral que trasciende el ámbito individual y familiar y requiere un trabajo compartido entre el Estado, las instituciones educativas, las familias y la comunidad.

Sin embargo, estas conquistas y los avances en su implementación se ven fuertemente interpelados en la coyuntura actual. Frente a ello, la apropiación de la ESI por parte de los diversos actores involucrados, su compromiso pedagógico y su militancia contribuyen a sostenerla en las prácticas educativas y comunitarias, aun en condiciones adversas. Esa persistencia expresa la fuerza de una construcción colectiva, aunque no exime al Estado de su responsabilidad indelegable de garantizar su implementación efectiva.
Claro que ninguna normativa, por sí misma, permite transformar de manera lineal formatos tradicionales de entender qué significa ser varón, ser mujer o construir otras identidades. Los sistemas de creencias culturales arraigadas aún hoy sostienen con fuerza un abordaje de la sexualidad reducido a un conjunto de procesos biológicos y naturales. Si bien esta dimensión forma parte de la sexualidad, no es la única, está constituida también por prácticas socioculturales, dimensiones afectivas y psicológicas, decisiones políticas y marcos normativos. Estos aspectos se vinculan entre sí y constituyen la complejidad del abordaje de la sexualidad desde un enfoque integral. Allí radica la novedad, mirar la vida y la sexualidad desde una perspectiva amplia, evitando reduccionismos. El desafío es pensar en clave de derechos, porque hablamos de la vida y de los vínculos que se tejen en comunidad, allí donde se siente, se piensa y se actúa.

En el análisis de la coyuntura local, resulta pertinente destacar tres cuestiones centrales. En primer lugar, desde lo que observamos en los espacios educativos, la ESI ha logrado instalarse y alcanzar reconocimiento social, los propios actores la recuperan como referencia pedagógica para sus prácticas. Sin embargo, esa apropiación no garantiza por sí sola la continuidad de su implementación, se requiere dotar de recursos humanos y económicos para sostener y ampliar su alcance.
En segundo lugar, el desarrollo de los contenidos recae de manera creciente en el compromiso individual de las y los profesionales que habitan las aulas. Ese compromiso contribuye a mantener su presencia en programas, planificaciones y proyectos institucionales, recuperando los lineamientos curriculares y los materiales que brinda el Estado provincial. Así, lo construido sigue teniendo lugar en las prácticas, aunque su sostenimiento resulte frágil cuando depende de iniciativas particulares y no de condiciones institucionales que garanticen su continuidad.
Los medios de comunicación informan diariamente sobre abusos, violencias y femicidios que muestran la gravedad de los daños que pueden producirse en las relaciones sociales y fundamentalmente en los proyectos de vida de las personas.

También dan cuenta de la preocupación de las instituciones de salud pública por las infecciones de transmisión sexual (ITS), lo que refuerza la necesidad de fortalecer las acciones de información, prevención y cuidado. Esta preocupación constituye un llamado de atención sobre la urgencia de llegar a los territorios y facilitar el acceso a información y herramientas que permitan fortalecer las prácticas de cuidado y construir otras formas de convivencia.

Esta necesidad de cuidado también se entrelaza con otras problemáticas presentes en la vida escolar y comunitaria, como el acoso escolar, la ciberviolencia y el ciberacoso. A ellas se suman situaciones de sufrimiento psíquico y riesgo de suicidio, que requieren abordajes específicos. Frente a estas realidades, el trabajo articulado entre instituciones resulta indispensable para fortalecer la prevención, el cuidado y el acompañamiento.
En tercer lugar, es necesario considerar la presencia de actores conservadores con poder político y determinados grupos religiosos que cuestionan la ampliación de derechos y obstaculizan el abordaje de la Educación Sexual Integral. Estos sectores suelen minimizar las problemáticas y circunscribirlas al ámbito individual y familiar, desconociendo sus dimensiones sociales y la responsabilidad pública de intervenir sobre ellas. La desinformación, los prejuicios y los estigmas alimentan discursos que buscan deslegitimarla y debilitar las políticas que la sostienen, presentándola como una imposición ideológica o una intromisión en los valores familiares, en lugar de reconocer su fundamento científico, pedagógico y de derechos. Restringir la ESI tiene consecuencias gravísimas, supone limitar las herramientas con las que niñas, niños y adolescentes pueden reconocer situaciones de violencia, poner en palabras lo que les sucede y pedir ayuda, incluso cuando el abuso ocurre dentro de su propia familia. Por ello, la intervención estatal es absolutamente necesaria ya que constituye una responsabilidad educativa y social indispensable para el cuidado y la protección de sus derechos.

En este sentido, la disputa cultural sigue abierta. En medio de las tensiones, persisten prácticas que construyen nuevas pedagogías, sostienen la escucha y abren otras formas de acompañar y cuidar. Por eso, considero que la mirada debe estar puesta en interpelar los supuestos y las representaciones con los que habitamos las escenas cotidianas: preguntarnos cómo miramos a quienes nos rodean, qué lugar damos a sus voces y cómo alojamos las diferencias.
La ESI nos ofrece una oportunidad para revisar nuestras formas de vincularnos y construir relaciones más libres, igualitarias y saludables. Nos convoca a reconocer que nuestras palabras, nuestros gestos y nuestros silencios pueden cuidar, pero también herir; que nadie debería sentir miedo, vergüenza o soledad por ser quien es. El desafío es sostener esta política en la agenda pública, hacer efectivos los derechos que reconoce y lograr que sus abordajes atraviesen las prácticas educativas y comunitarias.

Entonces, la presencia del Estado es esencial para construir sociedades donde el respeto, la dignidad y el buen vivir sean experiencias posibles para todas las personas.

* Gladys E. Alvez. Docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. UNaM. Magíster en Políticas sociales. Investigadora y extensionista en temas de: Género, ESI, Violencias y Derechos Humanos. Directora del Proyecto de extensión: “Nodos que Cuidan: Universidad y Territorio en el abordaje y promoción integral de la ESI”. Integrante del Proyecto de extensión: Centro de Estudios y Promoción de la Equidad de Género Flora Tristán.