En tiempos neoliberales, cuando los discursos de odio hacia las universidades públicas se expanden y circulan entre pantallas, calles e instituciones -como ecos de una misma desafección-, es urgente reconstruir los lazos de comunidad y sentido que sostienen lo público.

Volver la mirada sobre nuestras propias experiencias universitarias -sobre los cuerpos y las voces que las habitan- implica reconocer el poder de lo colectivo, del cuidado mutuo y de la acción política entendida como servicio, porque allí donde los algoritmos buscan fragmentar, la universidad tiene la capacidad de volver a tejer vínculos y esperanza compartida.

A 76 años del Decreto Presidencial N.º 29.337/49, que eliminó los aranceles en las universidades nacionales argentinas y marcó un hito para la democratización del conocimiento, evocamos una medida que fue más que una política educativa: una decisión de reconocimiento y afirmación de que la universidad pública es un derecho humano universal.

Desde aquel momento histórico -inscripto en una genealogía de luchas que va desde la Reforma de 1918 hasta el Cordobazo del ’69-, la gratuidad universitaria ha tejido una trama de sentidos que trasciende los pasillos y las cátedras. Cada generación la resignifica desde sus propias disputas. En ese recorrido, el pensamiento de Perón recupera la idea que la conducción es un acto de servicio hacia la comunidad, donde liderar no significa concentrar poder, sino organizar la esperanza colectiva y poner el saber al servicio del pueblo.

Como primera generación universitaria, nuestras presencias encarnan ese devenir histórico: somos hijas de un país que hizo de la educación un derecho y no un privilegio. Sostenemos la universidad pública con nuestros cuerpos, horas de trabajo y estudio, redes de cuidado y sostén. La habitamos desde realidades múltiples y desiguales: maternidades que cursan con hijxs a cuestas, trabajadorxs que estudian después de jornadas extensas, identidades disidentes que amplían los márgenes de lo posible.

Pensar la gratuidad universitaria, desde nuestra experiencia, implica reconocer que el derecho a la educación superior se juega no solo en el acceso y la permanencia, sino también en la dignidad de las condiciones materiales y simbólicas que hacen posible el aprender. La gratuidad, entonces, no es solo una conquista histórica: es una práctica política cotidiana que exige sostén, cuidado y compromiso colectivo.

Las primeras universidades del territorio que más tarde conformaría la Argentina nacieron bajo la tutela eclesiástica en el siglo XVII, como espacios de reproducción de una élite colonial, reservadas a unos pocos varones con recursos que respondían más al orden moral y político del imperio que a un proyecto de conocimiento colectivo.

Con la organización nacional, el sistema universitario se consolidó bajo el signo del liberalismo. La Ley Avellaneda de 1885 configuró universidades estatales que, si bien eran públicas en su administración, operaban como instituciones excluyentes. Esto se debía a que estaban dirigidas a formar profesionales con un perfil específico, aquellos destinados a integrar y legitimar a las nuevas élites políticas y garantizar su reproducción. Además, el acceso era restringido y las cátedras eran habitualmente hereditarias. Así, estas casas de estudio funcionaban como dispositivos de distinción social y de legitimación de un saber marcadamente masculino, profesional y urbano.

La Reforma Universitaria de 1918 abrió una grieta en esa estructura jerárquica al incorporar el principio de cogobierno, la autonomía y la crítica a la autoridad heredada. Sin embargo, como advierte el educador Rinesi, ni siquiera los reformistas pudieron imaginar una universidad para todo el pueblo: democratizaron su vida interna, pero no su estructura social.

Recién bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, en el marco del Primer Plan Quinquenal, se consolidó una política de Estado que buscó articular la educación superior con un proyecto nacional de justicia social y de ampliación de derechos. El Decreto 29.337 de 1949 eliminó los aranceles universitarios y transformó la universidad en un instrumento de justicia social. La gratuidad no fue solo una medida económica, sino una decisión política y cultural que reconfiguró la relación entre el saber/conocimiento y el pueblo: miles de hijxs de trabajadorxs, migrantxs, mujeres y sectores rurales ingresaron por primera vez a las aulas. La matrícula universitaria pasó de 47.400 estudiantes en 1945 a 138.318 en 1955.

Como señala Rinesi, esa decisión no enunció la universidad como un derecho universal, pero creó las condiciones materiales y simbólicas para poder pensarlo. Desde entonces, la gratuidad fue un modo de afirmar que el saber no se compra ni se vende, y por sobre todas las cosas, que la universidad no produce clientes, sino sujetos de derecho.

Defender hoy la universidad pública no es un gesto nostálgico, sino una acción profundamente contemporánea. Es afirmar que el conocimiento no se mide en utilidades, que el aula no es una empresa, y que el derecho a estudiar es una forma de equidad y justicia social. La universidad no pertenece a quienes la habitan, sino al pueblo que la sostiene; y por eso, cada ataque hacia ella, es un embate al tejido social que la hizo posible.

* Estudiante de Antropología Social y Gestión Universitaria, investigadora auxiliar
** Estudiante de Historia, investigadora auxiliar

Fotografías: Ana Victoria Espinoza / Melisa Vega