El 10 de diciembre se celebra en el mundo el Día de los Derechos Humanos, recordando la fecha en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, en 1948, la Declaración Universal que proclama en 30 artículos, aquellos derechos básicos que deberían respetarse en toda la humanidad. El condicional no es arbitrario, desde entonces hemos asistido a una permanente violación de esos derechos en distintas partes del orbe por diferentes circunstancias.
La “paz mundial” alcanzada al fin de la segunda guerra mundial, implicó la consolidación de un esquema mundial de ganadores y perdedores, y consolidó en su esfera de influencia sociedades/países de segunda. El mundo quedó dividido en dos bloques hegemonizados por las potencias respectivas: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para el caso de las economías centralizadas con regímenes de partido único (Europa del este, China a partir de 1949). Y Estados Unidos para el bloque occidental capitalista de democracias liberales (Japón, oeste de Europa, Oceanía, América Latina). África y resto de Asia en disputa, con algunos esfuerzos bien intencionados de construir alternativas: una suerte de Tercera Posición, que tuvo su concreción organizativa con la organización del Movimiento de Países no Alineados en 1961.
El pretendido equilibrio nunca fue tal, sino que el conflicto mundial se desarrolló desde entonces bajo dos condiciones: la imposibilidad del enfrentamiento directo entre potencias por el peligro de destrucción mundial (guerra nuclear), las luchas por la liberación colonial o neocolonial de los pueblos sometidos y la puja más o menos directa de los bloques por torcer en beneficio de sus propios intereses, los conflictos entre países “secundarios” y las disputas políticas propias de cada nación (golpes de estado, revoluciones).
Es en ese marco que podemos analizar los tres acontecimientos políticos sustantivos que vivimos en Argentina con impacto directo sobre los derechos humanos de nuestra población: la dictadura cívico-militar de 1976/83, la guerra de Malvinas de 1982 y los 40 años de una democracia jaqueada por la deuda externa que aquella dictadura contrajo y que generó que más del 50% de la población esté condenada actualmente a vivir bajo la línea de pobreza.
La dictadura, más allá de los hechos criminales de lesa humanidad con que instrumentó el genocidio terrorista, tuvo un sentido geopolítico práctico: alinear a Argentina con el bloque “occidental y cristiano de democracia liberal”, y para ello, concentrar los principales resortes económicos del país en bancos y empresas multinacionales. Los militares hicieron el trabajo sucio, la oligarquía económica concretó los negocios respectivos.
Y cuando el régimen militar pretendió hacer una jugada que descomprimiera el descontento civil -la recuperación soberana de las islas Malvinas en un contexto de socio menor de EEUU en la lucha contrainsurgente en Latinoamérica-, la alianza globalista militar y económica que representa la OTAN se encargó de poner las cosas en su sitio. Otra vez lo mismo: el derecho internacional es válido mientras no altere las estructuras de poder y gobernanza internacionales establecidas a partir de la segunda guerra mundial.
Consecuencia esperable de los hechos anteriores es el recorrido sinuoso de nuestra democracia posterior. Completada la transformación social y económica que a sangre y fuego llevó a cabo el poder militar, sobrevino el posibilismo alfonsinista, preñado de altisonancia constitucionalista, pero sitiado por la desocupación, la pobreza de las cajas PAN y la hiperinflación tan disciplinadora como el terror genocida.
Con la caída del muro de Berlín y la eclosión del bloque socialista, el neoliberalismo campeó a lo largo y ancho del planeta como el final feliz para todos los conflictos del planeta: el tan meneado “fin de la historia”. Que privilegia que el 15% de la humanidad viva con el 60% de la producción planetaria, y condena al 85% restante a repartirse las sobras.
En Argentina, lo registra el INDEC, el 20% de la población con mayores ingresos (unas 9 millones de personas) se reparten el 50% de lo producido en el país. Cuatro veces más de personas, 37 millones, deben conformarse con la otra mitad.
Y estos datos nos explican el recorrido deplorable de los derechos humanos universales. Mientras la gobernanza mundial no encuentre efectivos frenos a los abusos de las potencias y sus empresas multinacionales -incluidos el negocio armamentista, el narcotráfico, la trata de personas, la crisis climática y los paraísos fiscales- es pesimista la perspectiva de efectivo respeto y ejercicio de los derechos humanos más elementales “consagrados” por la ONU.
En ese plano, y ante los embates que viene sufriendo nuestro sistema universitario, cabe poner en valor el siguiente párrafo de la proclama de la III Conferencia Regional de Educación Superior realizada en junio de 2018 en la ciudad de Córdoba: (...) el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración solidaria latinoamericana y caribeña”.
